La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, defendió la reunión con el ciudadano de origen rumano Florian Tudor, acusado de encabezar una red de clonación de tarjetas, como un encuentro con cualquier ciudadano.

“Lo que hablamos solamente es darle una audiencia para escuchar lo que él quería expresar, al final después de que hizo sus alegatos, donde hay documentos, muchos de los cuales son públicos, lo escuchamos y le dimos la fecha para la garantía de audiencia que tiene con la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera). Los documentos que entregó están en nuestra oficina y en general es información pública”, indicó Rodríguez este jueves en la conferencia matutina.

El miércoles por la tarde, la dependencia informó en un comunicado de la reunión entre la funcionaria federal en cumplimiento de la instrucción del presidente ordenada el lunes pasado de encontrarse con el rumano.

“El encuentro privado se realizó en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Avenida Constituyentes, donde la servidora pública atendió la solicitud del ciudadano de origen rumano, de ser escuchado por las autoridades del gobierno de la República”, se informó.

Al respecto del encuentro, Rodríguez precisó esta mañana que la dependencia a su cargo no es la encargada de investigar el caso, mismo que se encuentra en manos de la Fiscalía General de la República, y se trató de un encuentro con un ciudadano libre en tanto no existe una orden de aprehensión en su contra.

“No tenemos conocimiento de una orden de aprehensión, entonces no era una persona señalada con una orden de aprehensión, no dimos ninguna opinión al respecto de su caso”, sostuvo la secretaria.

En su cuenta de Twitter, Tudor agradeció el encuentro a las autoridades federales y dijo que presentó las pruebas que lo desvinculan de cualquier delito, entre ellas audios y videos de detenciones y amenazas en su contra.

En febrero, la UIF informó de la detección de una supuesta mafia rumana dedicada a la clonación de tarjetas en Quintana Roo, con la que se vinculó a Tudor, y a la que se le bloquearon sus cuentas bancarias.

Sin embargo, el propio empresario aseguró que él no estaba contemplado en ese grupo, en el que aparecieron políticos de esa entidad, como el exlíder estatal del Partido Verde José de la Peña, y el exgobernador Roberto Borge, a quienes sí se le congelaron las cuentas bancarias.