La semana pasada se difundió en redes sociales un video en el que una pareja de policías del municipio de Ecatepec, en el Estado de México, es grabada mientras sostiene relaciones sexuales, al interior de una patrulla, en horario de servicio; este material se viralizó y levantó toda serie de críticas a los uniformados, pero hoy la polémica ha dado un giro, pues según una ley vigente, la persona que captó el momento sería acreedora a una pena por difundir ese contenido.
La «Ley Olimpia», más que una ley, es un conjunto de reformas legislativas que reconocen a la violencia digital y sancionan las violaciones a la intimidad de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia.
Es una reforma legal que entró en vigor, en el caso del Estado de México en septiembre de 2019 y que establece, entre otras penas, hasta cinco años por video grabar, audio grabar, fotografiar o elaborar videos de contenido sexual íntimo, de una persona sin su consentimiento o mediante engaños.
También sanciona por exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar y compartir imágenes, audios o videos de contenido sexual sin consentimiento, por lo que la persona que compartió el video de la pareja de oficiales de policía de Ecatepec, que se desconoce su identidad, podría ser sancionada de uno a cinco años y una multa de 200 a 500 unidades de medida y actualización.
Hay que recordar que una persona detectó a una patrulla de Ecatepec, que estaba en un terreno baldío, y se acercó al vehículo mientras grababa un video para descubrir a la pareja de policías en pleno acto sexual en horario de servicio y uniformados. Tras los hechos, y luego de difundir el material, autoridades de Ecatepec informaron que los dos servidores públicos habían sido dados de baja «por incumplimiento del régimen disciplinario».
La «Ley Olimpia» surgió luego de que un video de contenido sexual fuera difundido sin la autorización de una mujer en Puebla; a razón de este hecho, se impulsó una iniciativa para reformar el Código Penal de dicha entidad y tipificar tales conductas como violación a la intidad, acción que se ha replicado en 17 entidades del país.
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