El Senado de Argentina aprobó este miércoles una ley que legaliza el aborto, una victoria para el movimiento de mujeres después de varias décadas de lucha.

La norma fue aprobada con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención tras una sesión maratónica que arrancó la tarde del martes y se extendió durante poco más de 12 horas. La Cámara de Diputados le había dado media sanción el 11 de diciembre.

«Resulta aprobado, se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo», declaró la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien preside el Senado.

La ley establece que las mujeres y «otras personas con identidades de género con capacidad de gestar» tienen derecho a acceder al término voluntario del embarazo hasta la semana catorce de gestación. Pasado ese plazo, el aborto será legal sólo en los casos de embarazo por violación o riesgo de vida para la gestante.

Frente al Congreso, una multitud de activistas a favor del aborto, que se identifican con el color verde, festejó como la sanción de la ley. «Aborto legal en el hospital», exclamaron entre abrazos y lágrimas.

Del otro lado de un vallado, los manifestantes que se oponen al aborto contemplaban desolados la pantalla a través de la cual siguieron la histórica sesión.

Argentina, el tercer país más grande de América Latina, se suma a un listado que incluye a Uruguay, Cuba, la Ciudad de México, el estado mexicano de Oaxaca, las Antillas y la Guayana Francesas entre los que no castigan el aborto en la región.

La interrupción del embarazo figuraba en el código penal argentino desde 1921. Las únicas excepciones contempladas por ley eran los casos de violación o riesgo para la salud integral de la madre.

Los abortos clandestinos han causado más de 3 mil muertes en el país desde 1983, según las autoridades. Cada año alrededor de 38 mil mujeres son hospitalizadas por este tipo de procedimientos.

A diferencia de proyectos anteriores, éste fue redactado por el presidente Alberto Fernández, un abogado penalista que se comprometió a impulsar la legalización en su campaña electoral de 2019.

Tras superar la votación en la Cámara de Diputados con holgura, el resultado en el Senado estuvo en duda hasta el último momento.

En medio del debate, con la mayoría de los legisladores conectados de manera remota debido a la pandemia, el Poder Ejecutivo se comprometió a realizar ajustes una vez que la norma fuera reglamentada, para asegurarse el apoyo de algunos de los senadores indecisos.

La senadora opositora Silvia Elías de Pérez denunció que varios de sus colegas «han cedido a la presión antes que a la convicción» y adelantó que «esta ley va a ser inconstitucional, seguro se van a presentar recursos a lo largo y ancho de la Argentina hasta que algún juez la declare inconstitucional… Esto no está perdido, esto recién comienza porque la batalla por la vida no se pierde nunca».

«Hoy, si es ley va a ser una bisagra en la Argentina», dijo por su parte la senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti. «Mañana la sociedad no va a ser la misma. Habremos conquistado el poder de decidir».

La ley contempla que la persona gestante deberá prestar por escrito su consentimiento para abortar a partir de los 16 años. Las menores de edad tendrán que ejercer los «derechos a través de sus representantes legales».

Además, incluye la figura de la objeción de conciencia por parte de los profesionales de la salud y de las instituciones médicas privadas en las que todos sus médicos estén en contra de la práctica, pero establece que los centros que no cuenten con profesionales dispuestos a realizar el procedimiento deben remitir a las pacientes a otra institución.

El médico no podrá alegar objeción de conciencia en caso de que la salud de la persona gestante esté en peligro.

Los profesionales de la salud que se nieguen a cumplir con la interrupción del embarazo en los términos comprendidos por la ley estarán sujetos a sanciones que van de los tres meses a un año en prisión y la suspensión de su licencia profesional por el doble de tiempo de la condena.

La ley garantiza además la cobertura integral y gratuita del aborto en el sistema de salud público y privado.