En la comisión de Justicia y Seguridad Pública, sus integrantes aprobaron por unanimidad un dictamen para establecer que sean imprescriptibles, es decir, que no pierda vigencia o validez, los delitos sexuales, de corrupción, de trata y pornografía infantil contra una persona menor de edad, para proteger a este sector vulnerable de agresiones que atentan en contra del desarrollo de la personalidad, la libertad y el desarrollo psicosexual.

El producto legislativo adiciona el artículo 121 Bis del Código Penal, en materia de prescripción de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad y de delitos sexuales en menores, presentada por el diputado del PRI, Luis Borjas Romero.

La coordinadora de la fracción del PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama, argumentó que existen testimonios presenciales de mujeres menores de edad que fueron abusadas por familiares y al no poder denunciar cuando eran mayores de edad, sus victimarios seguían cometiendo estos delitos; “esta es una obligación que tenemos como legisladores, que le brinda oportunidad a muchísimas personas que han sido violentadas y que han sido víctimas ocultas, porque la misma ley no se los permitía”.

En el mismo sentido, el coordinador de la fracción del PRI, Felipe Cervera Hernández, destacó la importancia de este tema porque es uno de los puntos más trascendentales que dejará la LXII Legislatura.

“La infancia es parte del futuro de nuestra nación y este tipo de legislación es inhibitoria de estas malas conductas, por lo que considero que será la reforma trascendental para nuestra niñez”, recalcó.

En su turno, el diputado de Nueva Alianza, Luis Aguilar Castillo, también reiteró que esta iniciativa es importante ya que, por estos delitos, las niñas y los niños se sienten lastimados por mucho tiempo, “eso habla del gran valor que se tiene para aprobar este tipo de iniciativas, esta Comisión está dando importantes pasos para darle seguridad y fortaleza a la sociedad”.

El presidente de la comisión, Luis Borjas Romero (PRI), agradeció el respaldo a su iniciativa para proteger al sector más vulnerable de la sociedad, así como darle la atención respectiva a todos los asuntos que fueron abordados para proteger a los menores y a la familia que es el núcleo de la sociedad.

“Estamos a la vanguardia de la legislación nacional e internacional en la materia, gracias al trabajo profesional de las diputadas y los diputados, en coordinación con el cuerpo técnico del Congreso del Estado”, enfatizó.

En la sesión también fue aprobado por unanimidad el dictamen que contiene seis iniciativas, para elevar hasta 65 años de prisión a quien cometa feminicidio, en caso de agravantes, entre otras modificaciones.

El producto legislativo contiene la iniciativa para reformar diversas disposiciones del Código Penal del Estado, suscrita por Janice Escobedo Salazar (PRI); y otra para reformar y adicionar al Código Penal en materia de incesto, violencia familiar, delitos sexuales y feminicidios, signada por la diputada de Morena, Fátima Perera Salazar.

Al igual que una tercera para reformar y derogar diversas disposiciones del Código Penal, en materia de feminicidio y abuso sexual, firmada por las diputadas Silvia López Escoffié y Milagros Romero Bastarrachea; una más para adicionar un párrafo, reformar una fracción y adicionar diversas fracciones al Código Penal, en materia de tentativa de feminicidio y feminicidio, suscrita por la diputada del PAN, Kathia Bolio Pinelo; y la última para modificar el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de feminicidio, enviada por el Ejecutivo estatal.

De la misma manera, el cuerpo colegiado aprobó por unanimidad un dictamen para establecer que quien cause lesiones a una mujer por razón de género se le impondrán de 8 a 14 años de prisión y multa de 1,800 a 3,000 unidades de medida y actualización, entre otros cambios; al adicionar el artículo 367 Bis, 367 Ter y 367 Quater del Capítulo II del Título Vigésimo de los Delitos contra la Vida e Integridad Corporal del Código Penal, signada por el diputado del PAN, Miguel Rodríguez Baqueiro.

En otros temas, al abordar la iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, el diputado Borjas Romero, informó que la Secretaría General del Sindicato Único de Trabajadores Profesionistas, Administrativos y Manuales del Poder Judicial de Yucatán, Nery Encalada Balam, hizo llegar un oficio con observaciones sobre el tema y solicitó una reunión de trabajo con esta Comisión permanente.

Ante ello, agregó que este cuerpo colegiado celebrará una reunión virtual con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Ricardo Ávila Heredia, para hacer llegar las inquietudes del mencionado Sindicato y hacer lo propio, de manera privada, con integrantes del gremio.

Sobre el mismo tema, la diputada Silvia López, entregó un documento con modificaciones para que no se eliminen los jueces de paz, como plantea la propuesta del Poder Judicial.

Por otro lado, durante el análisis de la iniciativa para reformar la Ley de Víctimas del Estado, suscrita por la diputada del PRI, María Moisés Escalante, la diputada del PAN, Díaz Lizama, pidió más tiempo para su análisis, porque considera que se contraponen algunos conceptos en materia de compensaciones a las víctimas.

Previamente, se realizó la comparecencia del Consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Luis Jorge Parra Arceo, para su ratificación o no a dicho cargo por cuatro años más, del primero de agosto de 2021 al 31 de julio de 2025, quien se dijo preparado y en plena validez intelectual y profesional para continuar en el puesto, al contestar porque consideraba ser reelecto, a pregunta de la diputada, Silvia López.

El también Presidente de la Comisión de Desarrollo Institucional de dicha instancia, manifestó que cuenta con una Maestría en Derechos Humanos y ha podido involucrarse en la mediación, que “es de lo más enriquecedor resolver un conflicto, ya que la aportación que hacen los medios alternos es relevante”.

Durante su ponencia, explicó que se implementaron nuevas formas de atención para garantizar la preservación de la salud de los servidores judiciales y los usuarios, durante el desarrollo de la pandemia por Covid-19 y no se han detectado casos de dicha enfermedad en los juzgados; al igual que se dictaron acuerdos, lineamientos y protocolos, además que se trabajó en la adaptación de los espacios de acceso físico y de comunicación.

De la misma manera, el compareciente entregó un documento que contiene sus intervenciones y plan estratégico; en ese sentido, el presidente de la comisión de Justicia, Luis Borjas, señaló que para el estudio de dicha información se retomará este tema en otra sesión.

Posteriormente, los integrantes de la Diputación Permanente aprobaron por unanimidad convocar a los 25 diputados al Segundo Periodo Extraordinario Correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, para el próximo viernes 23 de julio del año en curso a las 12 horas.

En la Sesión Extraordinaria se atenderán los tres dictámenes anteriormente referidos, al igual que la Convocatoria para la propuesta de Candidatos para cuatro espacios en el  Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhey) por un periodo de tres años.

Asimismo, se dieron a conocer un oficio del Ejecutivo estatal del Informe del estado que guarda la deuda pública de largo plazo al 30 de junio del presente año; y otro oficio de la Secretaría de Administración y Finanzas, sobre el Informe Trimestral del Fondo de Participaciones del Ramo 33 para el periodo de abril a junio de 2021.